Sobre la ciudadanía sexual

Sara Emilia
23 nov 2015
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Las reivindicaciones de derechos de los nuevos movimientos sociales sirven como medios para volver tangible la afirmación “lo personal es político” y reconocer en la cotidianeidad la conexión entre nuestros deseos más íntimos con asuntos de la palestra pública y en especial del Estado. En relación a lo anterior, haré uso de la metáfora “ciudadanía sexual” (Weeks, 1999), esta surge como herramienta para condensar las prácticas culturales y políticas que nacen al hacer frente al desafío de desnaturalizar concepciones retrógradas que permean el ámbito de los derechos y generan exclusión y discriminación; haré un breve esbozo de algunos de los términos que podrían resultar útiles para comprender dicho entramado de prácticas, políticas y actores.

Es bastante común escuchar referencias acerca de la categoría género como un aspecto dedicado casi exclusivamente a temas relacionados con sexualidad y en el ámbito político como un constructo generado únicamente para el uso de los feminismos, dejando a un lado su utilidad para acercarnos a la comprensión de las relaciones de poder que se producen y se reproducen en el orden social donde nos desenvolvemos. La historiadora feminista Joan W. Scott (1986, p. 363) la define como “un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos… el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder.” Scott (1986), explica el proceso característico de la diferencia sexual donde se transfieren a las significaciones que condicionan la interacción en el ámbito social y político entre mujeres y hombres, esta “justificación biológica” desemboca en la asignación de papeles y roles que colocan al sexo femenino en una posición subordinada. Este, además de “desnaturalizar” las diferencias sociales atribuidas a los sexos, tiene la capacidad explicativa de develar el carácter construido del poder en las relaciones humanas.

Quisiera enfatizar, además, el carácter normativo del género, las significaciones atribuidas según la cultura y el espacio histórico a los constructos de mujer u hombre, determinan como “normales”, “naturales” y “correctos” los comportamientos apegados a su rol de género y categorizarán como “anormales”, “no naturales” e “incorrectos” los patrones que salgan de la norma (Lamas, 2012, p. 9). El sistema sexo-género no sólo legitima la dominación sobre las mujeres, sino sobre cualquier ser humano que no cumpla la norma heterosexual, es decir gays, lesbianas, transexuales, etc. La asignación de valores negativos a los patrones de sexualidad que “se desvían” del sistema heteronormativo, se materializa en muchos casos en discriminación y violencia. (Lamas, 2012, p.10). A lo largo de los años, los estudios feministas han contribuido a cuestionar cómo la matriz sexo-género descarta la emergencia de otras construcciones que no sean las del binario hombre-mujer. Esta interpelación generó el interés necesario para dar inicio a estudios sobre las identidades gay, lésbicas y luego trans (con la corriente teórica Queer). Desde estas aproximaciones a la realidad se busca “desnaturalizar” y traer al debate público muchos aspectos sobre la sexualidad que se habían dado por supuestos y contribuye al surgimiento de nuevos actores que exigen una ampliación en la agenda política y académica (Argüello, 2013, p. 177-178).

Sobre la emergencia de estos nuevos grupos y su irrupción en la arena política, se abre el debate de “ciudadanía sexual”. El sociólogo Jeffrey Weeks plantea en su artículo “The sexual citizen” que esta “es una útil metáfora que condensa una variedad de prácticas culturales y políticas que trae consigo un nuevos retos y posibilidades en la relación entre sexualidad y ciudadanía” (1999, p. 365). Cabral, Grinspan y Viturro (2006. p. 262) en Lind y Argüello (2009, p.13) definen la ciudadanía sexual como“[...] aquella que enuncia, facilita, defiende y promueve el acceso de los ciudadanos al efectivo ejercicio de los derechos tanto sexuales como reproductivos y a una subjetividad política que no ha disminuido por las desigualdades basadas en características asociadas con sexo, género y capacidad reproductiva”; noción que trata de romper la dicotomía donde la sexualidad se ubica en la esfera perteneciente a lo privado, separada del espacio público y el ejercicio de los derechos. Lleva consigo una crítica implícita hacia los discursos tradicionales sobre ciudadanía (referidos únicamente a lo legal, político y económico) y requiere que consideremos otras categorías analíticas, no sólo clase social, etnia o género, sino el impacto del binario heterosexual/homosexual, la institucionalización de la heterosexualidad y la cuestión de la equidad y justicia para las nuevas minorías sexuales (Weeks, 1999, p.366-367). Sin dejar de lado las contribuciones que genere esta categoría, debemos considerar los señalamientos de la doctora Susana Wappenstein (2010, p.110-111) sobre el problema analítico que reduce el enfoque solamente en la construcción de identidades atravesadas por nociones políticas y legales, sin cuestionar la construcción de la ciudadanía per se. En sus palabras “el énfasis en la construcción de sujetos con sexo, género y sexualidad no necesariamente se traduce en una ciudadanía con sexo género y sexualidad” (Wappenstein, 2010, p.111), Wappenstein recomienda definir cómo la sexualidad se conecta con otras construcciones sociales que producen y reproducen “los ciudadanos” y con los regímenes de derechos (nacionalidad, la etnia, etc.)

El papel del Estado es imprescindible en esta reflexión. La profesora Arguello (2014, p.123) señala que la visión del Estado como “aparato del orden”, ha construido sus bases sobre la estructura de dominación sexo-género, “dentro de una matriz binaria preponderantemente masculina y heteronormativa”. Si las regulaciones sobre la sexualidad se basan en las significaciones normales de diferencia sexual, “naturalizan” las desigualdades (Arguello, 2014, p. 123) y la construcción de la ciudadanía sexual es y será una lucha de relaciones de poder donde se necesitará un cambio en estas interacciones para una sociedad más justa e incluyente.

Para finalizar, debo recalcar la importancia de articular estos puntos de análisis a la estrategia de los actores políticos que basan su identidad en sus atributos sexuales y que tienen por objetivo dar visibilidad a su problemática y hacerse reconocer como sujetos de derechos.

Conclusiones

El entramado de relaciones entre sujetos, sexualidad, ciudadanía y Estado es complejo, no deberían pretender ser estudiados de manera lineal, evolutiva o esencialista.
La categoría de género es vital para entender procesos relacionados a las dinámicas de las relaciones de poder.
El deconstruir nociones de sentido común que justifican o legitiman acciones de exclusión o discriminación a otros, es un compromiso no solo con la academia, sino con la sociedad en general.

Bibliografía

Scott, J. (1986). El género: una categoría útil para el análisis histórico. En El género: Una categoría útil para el análisis histórico. (265-302). México: PUEG.

Argüello Pazmiño, S. (Abril-junio 2013). El proceso de politización de la sexualidad: identificaciones y marcos de sentido de la acción colectiva. Revista Mexicana de Sociología 75, 2, 173-200.

Weeks, J. (1999). The sexual citizen. Theory, culture and society, 15, 35-53.

Wappenstein, S. (Enero 2010). Sobre ciudadanía(s). Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 36, 109-111.

Lamas, M. (2012). Dimensiones de la diferencia. En Género, cultura y sociedad(1-23). México: Edtorial Fontamara.

Lind, A & Argüello Pazmiño, S. (Septiembre 2009). Ciudadanías y Sexualidades en América Latina. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 35, 13-18.

Argüello Pazmiño, S. (2014). ¿Tiene sexo el Estado? Imbricaciones entre las luchas políticas transgénero y el Estado en Ecuador. Junio 28, 2015, de academia.edu Sitio web: https://www.academia.edu/11535428/_Tiene_sexo_el_Estado_Imbricaciones_entre_las_luchas_pol%C3%ADticas_transg%C3%A9nero_y_el_Estado_en_Ecuador_